La gestión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Blas ha generado inquietud en la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT). Desde el Consejo de Vigilancia de la entidad, se ha manifestado preocupación por la situación actual, que data de una delegación de operación y mantenimiento por parte del municipio.

El 29 de diciembre de 2022, la administración municipal transfirió la responsabilidad de la PTAR al entonces gerente de COSAALT, José Luis Patiño. A partir de enero del año siguiente, la cooperativa ha asumido una serie de gastos operativos que han repercutido en un déficit financiero. Actualmente, este desequilibrio acumulado asciende a 1.733.000 bolivianos. La principal preocupación radica en la ausencia de un acuerdo interinstitucional formal que respalde esta delegación, lo que limita la capacidad de la cooperativa para emprender acciones legales o de compensación.

Se conoce que la gerencia y el Consejo de Administración de COSAALT remitieron un borrador de convenio al municipio, pero el proceso de formalización se encuentra estancado. A esto se suma que los servicios de energía eléctrica de la Planta continúan registrados a nombre de la Alcaldía, acumulando una deuda de aproximadamente 1.200.000 bolivianos solo por este concepto. En total, la cooperativa ha reportado una erogación de 5.344.000 bolivianos en gastos relacionados con la PTAR, cifra mencionada en relación a un periodo que se extiende hasta julio de 2025.

El Consejo de Vigilancia ha enviado múltiples comunicaciones solicitando una pronta solución a esta problemática. Una resolución emitida por el alcalde de Tarija, Johnny Torres, estableció provisionalmente la administración de la PTAR de San Blas por parte de COSAALT, con la condición de que la cooperativa cubriera los costos de mantenimiento durante la transición, hasta la formalización de un convenio interinstitucional. Dicho convenio, una vez firmado, debería contemplar la devolución y compensación de los montos erogados por COSAALT.

Se han planteado cuestionamientos sobre la decisión del exgerente José Luis Patiño de asumir este compromiso sin un respaldo documental adecuado, lo que, según se ha señalado, pone en riesgo las finanzas de la cooperativa. Además, se han detectado diversas deficiencias en la infraestructura de la PTAR de San Blas, como fisuras en los tanques de almacenamiento, observaciones que, a pesar de haber sido comunicadas por el personal técnico, no han sido abordadas con la celeridad esperada por el Consejo de Administración.

El personal que opera la Planta asciende a unas 18 personas, cuyos salarios y gastos son cubiertos por COSAALT, contribuyendo al déficit económico. Ante la situación, se ha manifestado la intención de realizar gestiones ante el Concejo Municipal para establecer reglas claras y buscar una solución definitiva. La falta de un documento legal de respaldo representa un riesgo significativo, especialmente ante un eventual cambio de administración municipal, lo que dificultaría cualquier acción de cobro o compensación.

La ausencia de firmas en documentos de respaldo por parte de COSAALT, su gerencia o el equipo técnico ha sido reiterada. El Consejo de Vigilancia ha instado al Consejo de Administración y a la gerencia a tomar medidas concretas, advirtiendo que, de no hacerlo, evaluará las acciones a seguir. Se ha señalado que conflictos internos en el Consejo de Administración han contribuido al retraso en la atención de estos y otros asuntos relevantes.

Una audiencia con el Concejo Municipal está programada para los primeros días de octubre, donde se espera presentar formalmente estos temas y proponer acciones contundentes para resolver la situación de la PTAR de San Blas