El sistema de educación superior público en Bolivia enfrenta una persistente brecha financiera, una situación que ha llevado a los representantes de los docentes universitarios a intensificar sus demandas por una mayor asignación de recursos económicos. Recientemente, en una conferencia celebrada en Cochabamba, la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia (CUD) articuló un llamado urgente a las futuras autoridades gubernamentales para abordar esta problemática.
La propuesta central de los educadores ha sido presentada a los dos aspirantes a la presidencia que se disputarán el balotaje el próximo 19 de octubre. El objetivo es que ambos candidatos incorporen en sus plataformas de gobierno un plan integral que contemple la realidad de las universidades y proponga soluciones definitivas a sus necesidades presupuestarias. Se ha señalado la ausencia de propuestas concretas por parte de los contendientes sobre su visión para la educación superior y las acciones que proyectan implementar. La CUD espera ahora una invitación para dialogar y profundizar en los detalles de la situación universitaria.
En el ámbito financiero, para la gestión 2025, el conjunto de universidades bolivianas solicitó una subvención extraordinaria de 1.296 millones de bolivianos para subsanar su déficit operativo. Sin embargo, las negociaciones posteriores con el Ministerio de Economía, que tomaron como referencia los incrementos del año anterior, resultaron en una asignación parcial de los fondos requeridos. Un ejemplo claro de esta disparidad se observa en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), que recibió apenas 12 millones de bolivianos de los 30 millones que había solicitado.
Esta recurrente escasez de fondos ha sido una constante en los últimos años, con las universidades públicas viéndose obligadas a solicitar asignaciones adicionales al Gobierno central para cubrir sus operaciones. Paralelamente a la cuestión financiera, los docentes universitarios han reiterado su inquebrantable defensa de la autonomía universitaria, un principio que, según expresaron, ha sido vulnerado sistemáticamente por administraciones pasadas y presentes, afectando la independencia y el funcionamiento de las instituciones académicas
