El proceso para la renovación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha avanzado significativamente en el ámbito legislativo. Hace más de una docena de días, el Senado dio luz verde, mediante un procedimiento de dispensación de trámite, a una propuesta legislativa de carácter transitorio destinada a la selección, elección y designación de los nuevos dignatarios del órgano electoral.
Esta iniciativa, impulsada por la senadora Silvia Salame, se compone de 41 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Su objetivo primordial es que los futuros magistrados electorales sean designados antes del 8 de noviembre, fecha que marca el inicio de la nueva legislatura. El borrador legislativo está ahora pendiente de ser debatido y, potencialmente, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en el transcurso de la próxima semana.
No obstante, existe un debate interno entre los parlamentarios. Mientras algunos sostienen la necesidad de que la actual Asamblea Legislativa garantice la designación de las nuevas autoridades electorales antes de concluir su mandato, los promotores del proyecto abogan por que esta trascendental tarea recaiga en la legislatura entrante. La presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, ha indicado que el proyecto fue aprobado por unanimidad y que el informe correspondiente ha sido remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados, esperando su pronta inclusión en la agenda del pleno.
Conforme a la Constitución Política del Estado, los miembros del TSE ejercen un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. El periodo de las actuales autoridades concluye el 19 de diciembre. Dado que los nuevos legisladores asumirán sus funciones el 8 de noviembre, solo restarán 41 días para completar el proceso de designación. Este plazo es crítico, ya que la propia propuesta de ley establece que el procedimiento de selección requiere un mínimo de 45 días. Ante esta limitación temporal, el oficialismo insiste en que la presente legislatura debe culminar su periodo habiendo elegido a los nuevos magistrados con el voto de dos tercios.
El proyecto de ley establece criterios rigurosos para los aspirantes, permitiendo la participación únicamente a profesionales con experiencia verificable en materia electoral o constitucional. Específicamente, el inciso b del artículo 23 exige la presentación de documentos que acrediten formación y trayectoria en derecho constitucional, derechos humanos o derecho electoral. Esta condición ha generado cuestionamientos. La senadora Cecilia Requena, por ejemplo, ha expresado que esta exigencia podría limitar la participación de perfiles provenientes de otras disciplinas, como historiadores o comunicadores, sesgando el proceso hacia profesionales del derecho.
En la Cámara Baja, diversas voces han urgido a la acción. El diputado Óscar Balderas ha solicitado al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar con premura al pleno para la conformación de las comisiones mixtas encargadas de la preselección. Su argumento central es la necesidad de evitar cualquier vacío de poder en el TSE y asegurar la continuidad del calendario electoral. De manera similar, Enrique Urquidi ha enfatizado que la aprobación de la norma es un deber ineludible antes del 7 de noviembre, advirtiendo que no encauzar el proceso constituiría un incumplimiento. El cuarto secretario de Diputados, Delfor Burgos, ha señalado que aún restan algunas sesiones antes de la finalización del mandato, lo que podría permitir la aprobación del proyecto.
Desde la sociedad civil, entidades como la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y la Fundación Jubileo han manifestado inquietudes, alertando que el actual proyecto de ley reproduce deficiencias observadas en anteriores procesos de selección de altas autoridades. Entre estas deficiencias se mencionan la falta de transparencia, la revisión superficial de hojas de vida, entrevistas sin parámetros claros, la aplicación desigual de requisitos y la ausencia de una evaluación genuina de la independencia de los postulantes. Ambas instituciones han demandado que sea la nueva Asamblea Legislativa la que conduzca este proceso, adhiriéndose a estándares internacionales. Han recomendado que el reglamento de selección incorpore criterios de publicidad integral, evaluaciones con puntajes objetivos, la participación de universidades y expertos independientes, así como la veeduría ciudadana.
Los futuros miembros del TSE tendrán como primera y crucial responsabilidad la administración de las elecciones regionales programadas para 2026. Según el cronograma, estos comicios deberían ser convocados inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial, lo que implicaría iniciar el proceso en marzo, con el relevo de alcaldes y gobernadores previsto para mayo. En este complejo escenario, la decisión que adopte la Cámara de Diputados será determinante para el futuro de esta selección clave para la estabilidad democrática y los próximos comicios.
Cabe recordar que el mandato de los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral, elegidos en 2019, concluye el 18 de diciembre. El presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, ha precisado que seis de los magistrados cumplen su periodo, a excepción de Gustavo Ávila, quien fue designado por el presidente Luis Arce. En diciembre de 2019, fueron posesionados Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Francisco Vargas Camacho, Daniel Atahuachi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Rosario Baptista Canedo y María Angélica Ruiz Vaca Diez. Posteriormente, en 2022, las magistradas Baptista y Ruiz renunciaron a sus cargos, siendo reemplazadas por sus suplentes, Nelly Arista Quispe y Yajaira San Martin Crespo, quienes asumieron como titulares en octubre de ese mismo año
