Arturo Murillo, quien fuera ministro de Gobierno, ha cumplido su segunda noche bajo detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz. Su ingreso a la prisión se produjo el pasado sábado, tras su deportación de Estados Unidos y su retorno a Bolivia el 4 de septiembre.
Sobre el exfuncionario pesan quince procesos penales en el país. Entre estos, destacan dos sentencias condenatorias: una de ocho años de privación de libertad por el caso conocido como ‘Gases Brasil’ y otra de cinco años y cuatro meses por el caso ‘Gases Ecuador’.
Sin embargo, la defensa legal de Murillo, a cargo del abogado Jaime Tapia, ha manifestado que estas condenas carecen de validez constitucional. Según Tapia, las sentencias fueron dictadas mientras su defendido era juzgado en rebeldía, un procedimiento que, en su opinión, es inconstitucional en la actualidad. Por ello, sostiene que dichas sentencias no han adquirido firmeza legal, ya que han sido objeto de impugnación o apelación. A pesar de la postura de la defensa, en el caso ‘Gases Brasil’, el juez de la causa sugirió que la sentencia se consideraba casi inapelable, dado que la defensa pública ya había ejercido el derecho a impugnación en nombre del procesado.
La medida de detención preventiva en el penal de San Pedro fue determinada el sábado pasado, específicamente en relación con el caso ‘Gases Brasil’, lo que llevó a su inmediato encarcelamiento. Inicialmente, se había programado una nueva audiencia para el domingo, correspondiente al caso ‘Gases Ecuador’, pero esta fue suspendida y reprogramada para las 14:00 de este lunes. El abogado Tapia confirmó que esta nueva sesión se llevará a cabo de forma virtual.
Respecto a la audiencia de este lunes, el equipo legal de Murillo no anticipa cambios significativos en la situación jurídica de su cliente, argumentando que sus condiciones personales, como la falta de domicilio o empleo, permanecen inalteradas. La principal preocupación expresada por la defensa es que los magistrados a cargo de los diferentes procesos puedan agravar la situación legal de Murillo, incorporando riesgos que, según su criterio, no son pertinentes y se basan en interpretaciones abstractas que la legislación prohíbe
