Las autoridades argentinas han otorgado el estatus de refugiadas a Cindy Saraí Vargas Pozo, de 26 años, a su hija menor y a su madre, Idelsa Pozo Saavedra. La decisión se produce tras su llegada al país, cruzando la frontera desde San José de Pocitos, en busca de protección.

La joven había expresado sentirse bajo una intensa presión por parte del gobierno boliviano y del expresidente Evo Morales, con quien presuntamente tuvo una hija que actualmente tiene nueve años. En una comunicación escrita, Vargas Pozo relató un incidente en el que individuos con el rostro cubierto descendieron de una camioneta blanca, lo que la obligó a vivir en la clandestinidad. En su solicitud de refugio diplomático dirigida al gobierno argentino, Cindy Saraí afirmó ser objeto de hostigamiento y persecución desde ambos frentes en Bolivia, asegurando poseer pruebas de sus alegaciones.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina formalizaron la concesión de este estatus el 22 de agosto, amparándose en la Ley Nro. 26.165. La resolución conjunta RESFC – 2025 – 372 – APN – Conare reconoce la condición de refugiadas a Cindy Saraí Vargas Pozo, nacida el 12 de noviembre de 1999, a Idelsa Pozo Saavedra, nacida el 23 de enero de 1966, y a la menor Eliza S.S.V., nacida el 8 de febrero de 2016, todas de nacionalidad boliviana.

Previamente, Vargas Pozo había intentado sin éxito obtener asilo en la Embajada de México. Durante su estancia en la legación mexicana, la joven se dirigió a la canciller boliviana Celinda Sosa, solicitando el cese de la persecución contra su familia y la expedición de un documento que permitiera la salida de su hija del país.

En Bolivia, Cindy Saraí Vargas Pozo forma parte de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de Tarija, relacionada con un presunto caso de trata de personas agravada en el que el expresidente Morales ha sido implicado. Existe una orden de aprehensión contra el exmandatario, quien no se ha presentado a declarar en relación con los hechos que habrían ocurrido en 2015, durante su tercer período presidencial.

Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), interpretó la acción del gobierno argentino como una señal de la vulnerabilidad de las mujeres frente al poder político, criticando la ineficacia de las instituciones bolivianas para hacer cumplir las resoluciones judiciales en casos de indefensión. Desde el ámbito legislativo, la senadora Zoya Zamora (Comunidad Ciudadana) destacó que la protección internacional otorgada por la administración de Javier Milei subraya la ausencia de garantías plenas de derechos para la joven en su propio país.

La socióloga Gloria Ardaya comentó que el gobierno argentino ha reconocido los riesgos que enfrentan Cindy y su hija, quienes alegan ser víctimas de los supuestos delitos atribuidos al exdirigente cocalero. Ardaya sugirió que el hostigamiento por parte de los gobiernos de Morales y Luis Arce podría buscar encubrir el presunto delito del expresidente y la existencia de una hija concebida cuando la joven era presuntamente menor de edad.

Este desarrollo podría posicionar a Cindy Saraí Vargas Pozo como testigo clave en una investigación sobre corrupción de menores que lleva adelante la justicia argentina