La crucial tarea de seleccionar y designar a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se rige estrictamente por los preceptos de la Constitución Política del Estado y los plazos estipulados en la Ley 018 del Órgano Electoral. Esta responsabilidad recae directamente sobre la Asamblea Legislativa, y los actuales parlamentarios están acelerando la aprobación de una normativa que permita a los legisladores entrantes, quienes asumirán sus funciones el 8 de noviembre, llevar a cabo este proceso fundamental.

La senadora Daly Santa María, representante de la bancada de Comunidad Ciudadana, ha subrayado la urgencia de que ambas cámaras legislativas aprueben la ley sin dilaciones, con el fin de que los nuevos asambleístas puedan aplicarla desde el inicio de su gestión. La intención es dejar el procedimiento completamente establecido, evitando que la Asamblea actual se involucre en la evaluación o calificación de postulantes.

Según lo establecido en el punto 5 del artículo 13 de la Ley 018, la convocatoria para la selección y designación de vocales del TSE debe publicarse con 45 días de antelación a la fecha de designación. Considerando este requisito, la actual Asamblea dispone del tiempo necesario para aprobar la ley de elección, lo que permitiría posteriormente lanzar una convocatoria nacional mediante un reglamento específico. Para cumplir con todos los plazos y fechas de preselección y selección, esta convocatoria debería emitirse a más tardar a finales de octubre.

El imperativo de esta celeridad radica en que los nuevos vocales del TSE deben ser posesionados indefectiblemente hasta el 19 de diciembre, fecha en que concluye el mandato de los actuales miembros. Esto significa que la Asamblea Legislativa tiene hasta la primera quincena de diciembre para completar la elección de los nuevos vocales. La aprobación de esta ley representa, en la práctica, la última gran labor legislativa para los senadores y diputados que están a punto de finalizar su quinquenio parlamentario.

Cabe recordar que seis de los actuales vocales del TSE fueron posesionados el 19 de diciembre de 2019, tras un proceso de preselección, y su gestión constitucional de seis años está próxima a concluir. El único miembro que no está sujeto a este procedimiento es el delegado presidencial, Gustavo Ávila, quien fue designado por el presidente Luis Arce el 4 de abril de 2024.

La semana pasada, el Senado aprobó con dispensación de trámite el Proyecto de Ley 213, denominado ‘Ley de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral’, y lo remitió a la Cámara de Diputados. Posteriormente, la Comisión de Constitución y Sistema Electoral de la Cámara Baja debatió y aprobó el proyecto, enviándolo a la presidencia de Diputados para su inclusión en la agenda del pleno. La presidenta de dicha instancia, Olivia Guachalla, confirmó que el proyecto fue aprobado por unanimidad y sin modificaciones, en cumplimiento de los plazos establecidos.

No obstante, la propuesta legislativa ha generado críticas. Desde el propio Senado, la senadora Cecilia Requena, también de Comunidad Ciudadana, ha manifestado varias objeciones. Una de sus principales preocupaciones es que la norma resultaría restrictiva, limitando la convocatoria a profesionales de áreas específicas y excluyendo otros campos. El inciso b del artículo 23 del proyecto, que detalla los ‘requisitos específicos’, exige que el aspirante acredite experiencia profesional en materia Electoral, Registral y/o Constitucional.

La senadora Requena argumenta que esta formulación podría dejar fuera a profesionales como historiadores o comunicadores, sesgando el proceso hacia abogados, a pesar de que los exámenes abarquen derecho constitucional, derechos humanos y derecho electoral. En contraste, la senadora Santa María ha refutado esta interpretación, señalando que la convocatoria se refiere a profesionales en general, sin mencionar exclusivamente a abogados o expertos en informática, y que el conocimiento en materia constitucional es relevante para todas las profesiones.

La Fundación Jubileo también ha expresado su preocupación por el proyecto de ley aprobado en el Senado. La entidad ha señalado que la aprobación se realizó de manera apresurada y que el texto repite errores observados en procesos anteriores de designación de altas autoridades, que fueron cuestionados por su falta de transparencia, independencia y objetividad. Por ello, ha demandado que sean los nuevos asambleístas, a partir del 8 de noviembre, quienes elaboren todo el procedimiento, incluyendo la aprobación de la ley, la elaboración del reglamento y la ejecución del proceso de selección y designación, sin considerar las fechas y plazos establecidos en la Constitución y las leyes.

Basándose en observaciones de diversas veedurías ciudadanas, la Fundación Jubileo ha identificado 11 deficiencias críticas en procesos previos que, a su juicio, se repiten en este proyecto. Entre estas deficiencias se mencionan la revisión superficial de hojas de vida, una evaluación oral sin parámetros objetivos, transparencia insuficiente, verificación desigual del idioma originario, invisibilización de denuncias e impugnaciones, y la ausencia de criterios para propuestas técnicas.

La postura de la Fundación Jubileo no es aislada; parlamentarios electos de la alianza Libre también han exigido a los legisladores salientes que suspendan el proyecto de ley de selección de vocales del TSE. Han advertido que, de no atenderse su solicitud, los nuevos senadores y diputados buscarán los mecanismos legales para la nulidad de estos proyectos.

Los vocales del TSE que fueron posesionados el 19 de diciembre de 2019 son Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Francisco Vargas Camacho, Daniel Atahuachi Quispe (actualmente Tahuichi Tahuichi Quispe), Nancy Gutiérrez Salas, Rosario Baptista Canedo y María Angélica Ruiz Vaca Diez