La región del Chaco se encuentra inmersa en una creciente crisis ambiental, con defensores del medio ambiente alertando sobre lo que describen como una inacción frente a la deforestación descontrolada. Esta tala indiscriminada, según argumentan, está generando beneficios económicos para un número limitado de individuos, mientras inflige un daño severo y a largo plazo al delicado ecosistema.
Biólogos vinculados a plataformas ambientales locales han expresado su profunda preocupación por el ritmo acelerado de desmonte en la Región Autónoma del Chaco, ya sea para la creciente industria del carbón o para la expansión de la frontera agrícola. Lamentan que la región sea percibida meramente como una fuente de recursos naturales, de donde se extrae sin una retribución equitativa para su bienestar. Esta explotación incesante, señalan, produce ganancias para unos pocos, dejando el ecosistema chaqueño desprotegido y en riesgo.
La industria del carbón, en particular, ha experimentado una expansión notable. Observadores indican un aumento en el número de instalaciones de producción de carbón en Villa Montes, lo que sugiere una actividad constante que, si bien aporta beneficios económicos a ciertos sectores, impacta severamente los bosques nativos. Esta explotación sostenida, advierten los expertos, está sentando las bases para un futuro caracterizado por condiciones desérticas en el Chaco, una transformación ya perceptible en los patrones climáticos locales. Los veranos se presentan con temperaturas excepcionalmente altas, superando registros históricos, mientras que los inviernos se han vuelto inusualmente intensos. Las observaciones en la cuenca del Pilcomayo, específicamente en los alrededores de Villa Montes, revelan una tendencia desde 2020 de fluctuaciones térmicas extremas, con días abrasadores seguidos de noches muy frías, un patrón que evoca un clima desértico. Sin una contención de la deforestación actual, la región se encamina hacia un paisaje árido.
Los ambientalistas confían en que los recientes cambios en la administración pública propicien la implementación de políticas ambientales más contundentes. Subrayan la urgencia de que las autoridades reconozcan la gravedad de la crisis ambiental del Chaco, comprendiendo su potencial para afectar no solo el entorno regional, sino también la salud y el sustento de sus habitantes.
Un incidente reciente subraya estas preocupaciones: a principios de este año, una extensa área cercana a la orilla del río Pilcomayo, en una zona conocida como La Vertiente, fue objeto de un desmonte considerable. A pesar del evidente impacto ambiental, que incluyó el subsiguiente desborde del Pilcomayo y la afectación a varias familias indígenas que habitan en las cercanías, hasta la fecha no se han impuesto sanciones ni se han iniciado procesos legales a través de los tribunales agroambientales correspondientes. Aproximadamente 700 metros de terreno fueron deforestados. Además, el sitio deforestado se encuentra restringido, con maquinaria pesada en operación y movimiento de tierras. Un camino vecinal que antes conducía al río Pilcomayo ahora es patrullado por individuos privados, impidiendo el acceso público a la zona.
Por otro lado, las entidades reguladoras encargadas de la gestión forestal y territorial afirman que la producción de carbón en la región del Chaco se rige por estrictos lineamientos legales y operativos de control. Aseguran que esta supervisión ha derivado en el cierre de varios negocios por incumplimiento de las normativas. Aunque algunos observadores señalan una expansión en las instalaciones operativas, datos oficiales de los organismos reguladores indican una reducción en el número de empresas de carbón con licencia vigente en los tres municipios chaqueños, pasando de doce a aproximadamente cuatro con permisos actuales. Estas autoridades desmienten que exista una deforestación desmedida, calificando las actividades actuales como un aprovechamiento controlado de los recursos forestales.
Se estima que una bolsa quintalera de carbón equivale, aproximadamente, a un árbol de unos diez metros de altura. Los camiones de transporte, según su tipo de carrocería, pueden cargar entre 300 y 1.000 quintales, lo que representa un número considerable de árboles por envío. Los marcos regulatorios, según declaraciones oficiales, abarcan toda la cadena de producción, desde la recolección de árboles y leña hasta su transporte a los hornos, envasado y posterior distribución para su comercialización
