Las autoridades salientes han expresado su firme convicción de que el país se encuentra en un estado de tranquilidad, una condición que, según sus proyecciones, se mantendrá hasta la transición gubernamental programada para el 8 de noviembre. En este contexto, se ha atribuido la actual coyuntura económica a la acción del poder legislativo y del sector empresarial, desestimando al mismo tiempo la existencia de una crisis energética.
Desde el Viceministerio de Coordinación Gubernamental, se ha afirmado categóricamente que la nación no enfrenta una situación de bancarrota. Se ha explicado que, si bien existen suficientes recursos en moneda nacional, la dificultad radica en la escasez de divisas extranjeras. Esta carencia de moneda foránea ha sido imputada a la supuesta retención de divisas por parte del Congreso y los exportadores, sugiriendo una estrategia política detrás de este fenómeno.
A pesar de las declaraciones oficiales, la realidad económica del país se caracteriza por una crisis que abarca tanto la economía general como el suministro de combustibles, una situación que las autoridades tienden a minimizar, derivando la responsabilidad hacia otros actores. Expertos en la materia han señalado que el país cumple con los criterios que definen una crisis energética.
En respuesta a cuestionamientos sobre el estado del país al final de la gestión, un alto funcionario gubernamental refutó la noción de una crisis energética, argumentando que esta se define por la escasez de electricidad o la ausencia de combustibles. Explicó que, si bien la nación es productora de gas, carece de producción petrolera, lo que obliga a su importación, y para ello se requieren las divisas de las que el país actualmente carece.
La jornada del miércoles estuvo marcada por la persistencia de largas filas para la adquisición de combustible a nivel nacional, mientras que la volatilidad en los precios de los productos básicos continúa generando preocupación ante posibles alzas. Simultáneamente, las fuerzas militares han intensificado las operaciones de control y combate al contrabando en las zonas fronterizas.
Con un tono de satisfacción, se ha manifestado que la actual administración entrega una nación en calma, habiendo logrado estabilizar el ambiente social. Se enfatizó que la salida del gobierno, prevista para el 8 de noviembre, se realizará de manera democrática, tal como fue su llegada
