El sistema de control de infracciones de tránsito mediante cámaras, conocido popularmente como fotomultas, aún no se encuentra operativo en la ciudad, según recientes declaraciones de la autoridad municipal. Se desmintieron así las especulaciones difundidas en plataformas digitales y ciertos medios, aclarando que el proyecto se halla en una fase de difusión y sensibilización ciudadana, sin una fecha definida para su puesta en marcha.

La implementación de este mecanismo se justifica como una medida esencial para combatir la elevada incidencia de accidentes viales en la región, un problema que, según datos verificables en registros hospitalarios, constituye la tercera causa de decesos en el departamento. La tecnología se enfocará exclusivamente en detectar el cruce de semáforos en rojo, y los equipos se instalarán inicialmente en tres puntos identificados por su alta siniestralidad: la parada del norte, la antigua terminal de autobuses y las inmediaciones del colegio Castelfort Castellanos. Es importante señalar que el sistema no registrará la velocidad de los vehículos.

En cuanto al esquema de sanciones, se estableció una multa inicial de 100 bolivianos. No obstante, se ofrecerán mecanismos para reducir este monto: la sanción podría disminuirse a la mitad si el infractor completa un breve curso en línea de educación vial, y a una cuarta parte si, además, opta por realizar trabajo comunitario. Se reiteró que el sistema permanece en fase de socialización.

La iniciativa se desarrolla bajo un modelo de asociación público-privada, una modalidad que cuenta con el aval del gobierno central. Se explicó que la administración municipal no dispone de los recursos financieros propios para afrontar la instalación de esta infraestructura. Respecto a las inquietudes sobre la identidad de la empresa privada involucrada, se aseguró que se trata de una firma de capital boliviano, seleccionada a través de un proceso que cumple con todos los requisitos legales establecidos.

En un ámbito distinto, la autoridad local expresó una enérgica crítica a la gestión económica del actual gobierno nacional. Se interpretó el llamado a la unidad por parte del presidente como una señal de desesperación y un presagio de una derrota electoral para el partido oficialista en los comicios de 2025.

Se cuestionó severamente la administración económica, aludiendo a la escasez de combustibles, el incremento en el costo de la canasta básica familiar y la percepción de un deterioro generalizado del país. Se afirmó que la industria de los hidrocarburos se encuentra en una situación de colapso y que las promesas de industrialización del litio no se han concretado.

Adicionalmente, se formuló una grave acusación concerniente a la administración de los fondos de pensiones por parte de la Gestora Pública. Se indicó que una porción significativa de los aportes de los trabajadores, estimada en miles de millones de bolivianos, habría sido destinada a la adquisición de bonos del Tesoro, cuestionando el destino de una parte considerable de estos recursos. Se sostuvo que los jubilados habrían perdido el valor real de sus aportes, dado el presunto desvalor de los bonos adquiridos. Se lamentó que muchas pensiones actuales, de montos muy reducidos, resulten insuficientes para una vida digna, y se criticó la aparente indiferencia gubernamental ante esta situación.

Como medida para revertir la crisis económica, se sugirió que la próxima administración gubernamental debería gestionar un préstamo internacional de al menos 10 mil millones de dólares, argumentando la necesidad de reconstruir el país desde sus cimientos.

Estas declaraciones del alcalde reflejan una clara divergencia política entre las esferas de gobierno local y nacional, al tiempo que ponen de manifiesto la creciente inquietud ciudadana por la estabilidad económica y la administración de los activos estratégicos del país. La situación del sector de hidrocarburos, en particular, genera repercusiones que afectan tanto la operatividad de los municipios como la vida cotidiana de la población. El debate sobre la transparencia y la solidez de los fondos de pensiones es un asunto de alta sensibilidad social, especialmente para los jubilados y los trabajadores activos, y las acusaciones planteadas sin duda intensificarán la discusión y demandarán respuestas claras por parte de las autoridades nacionales, en un contexto preelectoral donde cada pronunciamiento adquiere un peso considerable