El organismo electoral nacional ha emitido una directriz contundente en relación con la organización de los debates presidenciales, subrayando la necesidad imperativa de una inclusión exhaustiva de todos los contendientes. Esta declaración de la máxima autoridad electoral surge tras una serie de foros públicos que han presentado exclusivamente a un grupo selecto de candidatos, a menudo aquellos que se perciben con mayor posicionamiento en las encuestas de opinión.
En su pronunciamiento oficial, el tribunal electoral enfatizó que cualquier debate en el contexto de la contienda electoral debe adherirse estrictamente a los principios de igualdad, paridad, transparencia y pluralismo político. En consecuencia, ha instado a todas las entidades responsables de orquestar tales eventos a cursar invitaciones a la totalidad de los candidatos y candidatas que se encuentran actualmente inscritos en la carrera electoral, sin aplicar ningún tipo de distinción o trato preferencial.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo numerosos encuentros organizados por diversas asociaciones profesionales y medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de estos foros ha logrado convocar a los nueve aspirantes a la presidencia del país. Este patrón de exclusión ha generado un palpable descontento en la esfera pública.
Un incidente reciente en un foro de emprendedores en Santa Cruz ilustró esta creciente frustración. Durante el evento, simpatizantes de una de las fórmulas presidenciales, la del PDC, irrumpieron en el escenario para exigir vehementemente la inclusión de su postulante, llegando incluso a difundir información de contacto para los organizadores. Este tipo de manifestaciones públicas resaltan una demanda ciudadana más amplia por una plataforma más equitativa para todas las voces políticas.
La autoridad electoral profundizó en su postura, afirmando que la omisión de cualquier candidato o candidata no solo menoscaba sus derechos políticos, sino que también limita drásticamente el derecho fundamental del electorado a emitir un voto informado. Además, empobrece la riqueza de la deliberación pública, la cual, por su propia naturaleza, debe abarcar el espectro completo de las alternativas políticas en competencia.
Por otro lado, los promotores de estos eventos han esgrimido con frecuencia desafíos logísticos como su principal razón para restringir la participación. Argumentan que la considerable cantidad de aspirantes, sumada al tiempo requerido para que cada uno presente sus propuestas y participe en un diálogo, hace que un formato plenamente inclusivo resulte poco práctico. Por ejemplo, una simple asignación de diez minutos por candidato para sus presentaciones iniciales consumiría noventa minutos, sin contar las rondas subsiguientes de preguntas, respuestas y réplicas
