La Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol ha impuesto medidas disciplinarias a varios oficiales tras una exhaustiva revisión de las grabaciones de audio y video de dos encuentros que generaron controversia en la décima fecha del torneo nacional.
Gabriel Mendoza, el colegiado principal del partido entre Bolívar y Always Ready, disputado el 15 de junio en La Paz, recibió una suspensión de un mes. Su sanción se dictaminó por la convalidación de un gol del equipo alteño que, según el análisis posterior, debió ser anulado. La acción generó un intenso debate debido a la presencia de dos infracciones previas: un apoyo de Marcelo Suárez sobre Erwin Saavedra y un posterior contacto del balón con la mano de Suárez antes de la conversión que significó el empate 2-2. La ausencia de una convocatoria del VAR para que Mendoza revisara la jugada exacerbó la magnitud del error.
Rafael Calani, el oficial del VAR para ese mismo encuentro, fue objeto de una sanción más rigurosa, quedando inhabilitado por dos meses. Los jueces de línea también fueron objeto de medidas disciplinarias; Emanuel Castañeta, el primer asistente, enfrentará una suspensión de cuatro encuentros, mientras que Lucio Criales, el segundo asistente, recibió una inhabilitación por dos partidos.
Por otra parte, el cuerpo arbitral que estuvo a cargo del encuentro entre Aurora y GV San José, celebrado el 14 de junio en Cochabamba, también fue objeto de sanciones. Tanto el árbitro Santiago Silva como el responsable del VAR, Carlos Arteaga, fueron suspendidos por un periodo de dos meses. En este compromiso se señalaron tres penas máximas, de las cuales dos fueron posteriormente catalogadas como incorrectas tras el análisis detallado.
Una de las decisiones controvertidas implicó la señalización de una falta por un presunto agarrón a Ramiro Ballivián, que no constituía una infracción sancionable. En otra acción, se concedió un penal a favor de Aurora por una sujeción a David Robles, si bien se pasó por alto una infracción previa cometida por el propio jugador. A pesar de que el guardameta de GV San José logró detener la ejecución, la pena máxima debió repetirse debido a una invasión del área.
Según el reglamento de la Comisión de Árbitros, todos los oficiales sancionados deberán mantener sus actividades teóricas y prácticas durante el periodo de inhabilitación, que se extiende hasta el 18 de julio del presente año. Esta medida busca asegurar su idoneidad para reanudar sus funciones arbitrales