El sector agrícola en las zonas rurales de Tarija se enfrenta a un escenario económico cada vez más desafiante, donde el incremento sostenido de los costos de producción amenaza la viabilidad de las actividades agropecuarias. Factores como el alza en el precio de los insumos, la escasez de combustible y la fluctuación cambiaria han provocado un encarecimiento generalizado que, en algunos casos, ha duplicado la inversión necesaria para la siembra.
La inversión para cultivos esenciales, como la papa, ha experimentado un aumento drástico. Lo que antes requería aproximadamente diez mil bolivianos por hectárea, ahora demanda hasta treinta mil bolivianos, reflejando un incremento del doscientos por ciento. Este fenómeno se extiende a todos los componentes de la cadena productiva. Fertilizantes que previamente se adquirían por cuatrocientos bolivianos, superan ahora los novecientos. De manera similar, el costo de las semillas ha escalado de un rango de ochenta a cien bolivianos a más de ciento cincuenta.
Los productores describen una situación donde los precios de los agroquímicos y repuestos para maquinaria agrícola se han disparado. Un litro de insecticida, por ejemplo, ha pasado de cien a más de ciento cincuenta bolivianos, mientras que las piezas para tractores que costaban mil dólares, ahora se cotizan en dos mil dólares. Este aumento se atribuye, en parte, a la escasez de divisas que dificulta las importaciones, y a una presunta especulación por parte de los importadores, cuya actividad, según el sector, carece de una fiscalización adecuada.
A la complejidad se suma el incremento en el costo de la mano de obra. Un jornal que antes se pagaba a cien bolivianos diarios, ahora oscila entre ciento treinta y ciento cuarenta bolivianos. Esta alza se justifica por la necesidad de los trabajadores de compensar el encarecimiento de la canasta básica familiar, lo que a su vez ejerce una presión adicional sobre los costos operativos de los agricultores.
La escasez de diésel y gasolina representa otro obstáculo significativo. Las prolongadas filas para acceder al combustible no solo generan demoras en las labores agrícolas, sino que introducen un elemento de incertidumbre en momentos críticos de la producción. A esto se añade el desafío del cambio climático, con sequías cada vez más prolongadas en regiones como el Chaco, que reducen drásticamente las posibilidades de una cosecha exitosa.
Ante este panorama, numerosas familias productoras se ven forzadas a considerar dejar parte de sus tierras sin cultivar. La inversión requerida excede su capacidad financiera, dificultando el equilibrio entre los gastos de producción y el sustento de sus hogares. Se estima que, en algunos casos, la superficie cultivada podría reducirse a una cuarta parte de lo habitual debido a la imposibilidad de asumir los costos.
El sector campesino ha manifestado su preocupación por la aparente falta de una política gubernamental clara para regular los precios de los insumos agrícolas o para mitigar el impacto económico en el campo. A pesar de los controles de precios en los mercados urbanos, los productores denuncian que no existe una protección similar para ellos. Se ha señalado que programas de apoyo existentes, como el Programa Solidario Comunal (Prosol), con un monto de dos mil bolivianos, resultan insuficientes frente al aumento de hasta el trescientos por ciento en los costos de producción.
Los representantes del sector han instado a las autoridades a implementar medidas como la fiscalización de las importadoras de agroquímicos y maquinaria, el establecimiento de subsidios o incentivos para reducir los costos de producción, y la priorización de la situación del campo a nivel nacional. Argumentan que la incapacidad de producir alimentos en cantidad suficiente no solo eleva los precios al consumidor y contribuye a la inflación, sino que también pone en riesgo la soberanía alimentaria del país, afectando directamente la economía de las familias urbanas
