La disponibilidad de tratamientos oncológicos se ve seriamente comprometida en el sistema de salud pública, a raíz de una marcada disminución en los procesos de adquisición gubernamentales. Esta situación impacta directamente en la atención de pacientes con cáncer, debido a una escalada sostenida en los costos de los fármacos y a la escasa participación de las empresas proveedoras en las convocatorias.
Fuentes del sector sanitario han indicado que las licitaciones para la compra de estos fármacos esenciales a menudo no reciben ofertas, o las que llegan resultan inviables. El motivo principal radica en que los precios de referencia establecidos por las entidades públicas no logran equiparar la escalada constante de los costos en el mercado, un fenómeno que se observa de manera ininterrumpida. Esta dinámica ha generado una inquietud palpable, extendiéndose desde el ámbito local hasta una preocupación de alcance nacional, dado que el patrón se replica en diversas jurisdicciones.
Particularmente afectados por esta coyuntura son los fármacos y dispositivos médicos incluidos en las listas nacionales de esenciales (LINAME y LINADIME), con una especial incidencia en aquellos vitales para el abordaje terapéutico del cáncer.
En el departamento de Tarija, por ejemplo, mientras los centros de salud de primer y segundo nivel mantienen un stock que podría extenderse hasta el último trimestre del año, la realidad en las unidades de tercer nivel, cruciales para la atención oncológica especializada, es de un suministro precario e incompleto.
Ante este panorama, el sector salud evalúa la viabilidad de que el Gobierno central asuma la adquisición directa de los tratamientos oncológicos. Esta medida se considera urgente, dado que los costos de estos medicamentos en el circuito de farmacias privadas han experimentado incrementos superiores al cien por ciento, una consecuencia directa del encarecimiento de los productos importados
