La reciente aprobación de la Ley de Estructura y Escala Salarial por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), y su posterior promulgación por el gobernador Oscar Montes, ha generado disconformidad entre diversas instituciones de la región. La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y el Comité Cívico han expresado su descontento, señalando que la reducción salarial implementada, cercana al 20%, es insuficiente frente a su demanda original de un recorte del 50%.

Previamente, un asambleísta departamental percibía un salario de 13.000 bolivianos, mientras que el gobernador recibía 14.000 bolivianos. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, los ingresos se han ajustado a 11.500 bolivianos para los asambleístas y 11.700 bolivianos para el gobernador. La propuesta de las organizaciones críticas era que las autoridades percibieran aproximadamente 7.000 bolivianos.

El presidente de la Fedjuve, Celestino Barro, ha manifestado que la modesta disminución de apenas 1.500 bolivianos no cumple con las expectativas de austeridad. Además, ha cuestionado la labor del ente legislativo, argumentando que su desempeño no justifica los emolumentos que perciben. Se ha señalado que, a lo largo de las últimas tres administraciones departamentales en Tarija, la ALDT ha representado principalmente un gasto para el departamento, sin generar beneficios significativos.

Aunque desde la Fedjuve se contemplaba enviar una comunicación formal al Gobernador instándolo a no promulgar la normativa, la Ley ya fue firmada por Montes el pasado 1 de julio y publicada en la Gaceta Departamental.

En opinión de Barro, es fundamental que esta disposición sea reconsiderada en el ámbito legislativo para establecer una mayor austeridad en el manejo de los gastos salariales. Los recursos liberados, según esta perspectiva, deberían ser redirigidos hacia la financiación de obras y proyectos de índole social que beneficien directamente a la población