A pesar de las garantías emitidas por las ramas Ejecutiva y Judicial respecto a la celebración de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) percibe una amenaza latente sobre el proceso democrático. Esta preocupación surge a raíz de las constantes advertencias proferidas durante los últimos dos meses por determinados sectores políticos y grupos radicales.
Particularmente, un segmento político con arraigo en la región del Chapare ha sido identificado como una fuente recurrente de estas advertencias. En una de sus recientes asambleas, una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) determinó que el próximo 17 de agosto no se llevarán a cabo los comicios. El expresidente Evo Morales estuvo presente en dicha reunión.
La entidad electoral ha denunciado públicamente, tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional, una escalada de ataques sistemáticos y deliberadamente orquestados. Estos, según el TSE, buscan desacreditar, deslegitimar e intimidar a la institución y a los vocales que conforman su sala plena, con el objetivo final de obstaculizar la organización y realización de las elecciones generales de 2025.
Sin aludir directamente a nombres de organizaciones políticas o sociales, un vocal del TSE, Francisco Vargas, ha manifestado que ciertos líderes sociales están generando impedimentos al proceso electoral mediante acciones que ya se consideran un atentado contra el sistema democrático boliviano. El vocal advirtió sobre el persistente riesgo de llegar al día de la votación y exhortó a las voces políticas que amenazan el proceso a respetar el derecho constitucional de más de siete millones de bolivianos a elegir a sus futuros gobernantes.
La autoridad electoral hizo referencia a las expresiones que emanan desde el Chapare, una zona asociada al expresidente Morales y a su agrupación política, la cual no logró consolidar alianzas para postularlo como candidato presidencial. Se ha señalado que existen líderes sociales que incitan a obstaculizar el desarrollo normal del proceso, con discursos que, por ejemplo, buscan impedir la distribución de ánforas o material electoral en determinadas áreas, lo cual es inaceptable y constituye un ataque al sistema democrático.
Una de las más recientes objeciones al proceso electoral en Bolivia proviene de un grupo de dirigentes campesinos leales a Morales, quienes, desde el Chapare, han resuelto que no habrá elecciones el 17 de agosto sin la participación de su figura política principal, quien no pudo ser habilitado como postulante a la presidencia. Según sus conclusiones, la democracia no se ejerce sin la participación de su candidato único del pueblo.
Morales y sus bases más afines acusan al actual gobierno de allanar el camino para el retorno de una derecha que, según ellos, busca saquear y privatizar los recursos naturales. Este grupo rechaza las candidaturas de figuras como Andrónico Rodríguez, Eva Copa y Eduardo Del Castillo, quienes emergieron de la misma corriente política.
El expresidente, aparentemente resignado a su no participación en los comicios del 17 de agosto, ha anunciado que en un próximo encuentro se definirá la postura de su movimiento frente a las elecciones. No obstante, ha adelantado que respaldar el proceso sin su candidatura no sería democrático y equivaldría a ser cómplice de un atentado a la democracia, aunque la no participación también plantea un dilema similar. En esta misma línea, un senador afín al expresidente, Leonardo Loza, indicó que en dicha reunión se analizará la continuidad de la carrera electoral en el país y se tomará una decisión, reafirmando que no se rendirán y continuarán la lucha, con o sin candidato.
La imposibilidad del líder cocalero de postularse en las elecciones, en cumplimiento de sentencias constitucionales, ha desencadenado una serie de eventos que se agravaron desde el 19 de mayo, fecha de cierre para la inscripción de candidatos. Ni el expresidente ni su movimiento lograron ser parte de la contienda electoral, y las dos organizaciones políticas que intentaron utilizar como plataforma para su postulación fueron inhabilitadas.
El vocal Vargas ha recordado que, tras el registro de candidaturas, surgió una ola de denuncias contra la mayoría de las organizaciones políticas y recursos judiciales para anularlas. Al no prosperar ninguna de estas acciones, han surgido ataques directos contra los vocales y la propia institución. El vocal, sin señalar a individuos específicos, enfatizó que la situación es de dominio público y que la ciudadanía está al tanto de quiénes han iniciado una campaña de desprestigio contra el Órgano Electoral, sus miembros y, por extensión, el proceso electoral en sí.
Uno de los incidentes más recientes involucró a un vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien fue objeto de acusaciones por parte de una exministra del gobierno de Morales y ferviente defensora del líder cocalero. Se le imputó haber recibido sobornos de la esposa del jefe de Estado, con la intermediación de un exministro de Justicia, para inhabilitar a uno de los partidos aliados del expresidente. El vocal Tahuichi ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, calificando a sus detractores de ociosos y anunciando que levantará su secreto bancario para demostrar su transparencia. Desde el gobierno actual, se ha restado importancia a las acusaciones de los sectores afines a Morales, mientras que en la Asamblea Legislativa se insiste en la necesidad de que la policía detenga al expresidente para garantizar un proceso electoral pacífico
