El gremio del transporte en Tarija se congregó este lunes en la Plaza Luis de Fuentes para expresar su profundo malestar ante el recrudecimiento de la inseguridad y la creciente ola de robos de vehículos. Los trabajadores del volante manifestaron su preocupación por el impacto directo en su sustento y la estabilidad de sus familias, señalando una percibida inacción de las autoridades frente a esta problemática que, aseguran, está paralizando su actividad laboral.
Richard López, vocero del sector del transporte en Tarija, articuló la honda inquietud que embarga a su colectivo. Subrayó que la necesidad de operar hasta altas horas de la noche se ve comprometida por una inseguridad que impide el desempeño tranquilo de sus labores en la ciudad. La zozobra es palpable, dado que la sustracción de un automotor no solo priva al trabajador de su herramienta esencial, sino que también lo confronta con la imposibilidad de afrontar las obligaciones financieras, ya que la vasta mayoría de los vehículos, cerca del 98%, son adquiridos mediante créditos bancarios. La pérdida de un motorizado, explicó López, deja a los afectados sin medio para generar ingresos y cumplir con sus cuotas, lo que genera una profunda incertidumbre y desincentiva nuevas inversiones en el sector, al considerarlo un riesgo excesivo. La situación ha llegado a un punto en que, según sus palabras, ya no se puede determinar una zona roja, lo que implica que ningún lugar es seguro para dejar un vehículo. El sector se siente desatendido y demanda una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
La impotencia y el hartazgo de los transportistas se vieron personificados en las declaraciones de Judith Alarcón, representante de Radio Taxi Vecinal y víctima reciente de la sustracción de su propio vehículo. Alarcón expuso una serie de deficiencias y la burocracia que, a su juicio, caracterizan la actuación de la División de Investigación de Vehículos (DIPROVE) y el Ministerio Público. Criticó la falta de respuestas claras, la constante rotación de asignados a los casos y la aparente tendencia a trasladar la responsabilidad de la investigación a los propios afectados. Relató su experiencia personal, donde, a casi una semana del robo de su automóvil frente a su domicilio, se le ha indicado que debe ser ella quien investigue. Cuestionó la función de los investigadores si los propios ciudadanos deben suplir su labor, y exigió la incorporación de personal competente capaz de recuperar los vehículos sustraídos. Alarcón enfatizó que en un periodo muy corto se han registrado al menos tres robos de automóviles. A pesar de las promesas de asignación de casos, la realidad es que a menudo no existen los requerimientos fiscales necesarios ni los agentes asignados, lo que evidencia una notable falta de coordinación y diligencia. Los transportistas instan a las autoridades a presentar informes transparentes y a implementar acciones concretas para contener la ola delictiva que los mantiene en un estado de desesperación
