Una exhaustiva investigación sobre el trágico ataque ocurrido el 11 de junio en la ruta Oruro-Llallagua, a la altura de Aguas Calientes, donde tres efectivos policiales perdieron la vida en una emboscada, ha comenzado a desentrañar una compleja estructura criminal. Los hallazgos preliminares, obtenidos a través de un riguroso análisis técnico-científico que incluyó el rastreo de tráfico de llamadas, geolocalización, espectros de imagen y trabajo de campo, han permitido identificar a 22 personas con implicación directa en los hechos, abarcando tanto a los ejecutores materiales como a los ideólogos. Esta investigación ha confirmado la existencia de una red con ramificaciones logísticas y de comunicación que se extienden hasta el Trópico de Cochabamba.

Entre los señalados como presuntos autores intelectuales se encuentra Ramiro Jorge Cucho, quien, a pesar de haber sido previamente aprehendido en 2024 por delitos de terrorismo y alzamiento armado, gozaba de libertad bajo medidas sustitutivas. A pesar de la existencia de elementos probatorios suficientes que lo vinculan directamente con la planificación de la agresión, la solicitud para revocar sus medidas sustitutivas y ordenar su detención preventiva fue denegada por instancias judiciales. Ante esta situación, se ha anunciado la presentación de nuevos recursos legales.

La investigación también ha puesto en evidencia la situación de Milán Mamani Vicente y Raúl Achacata Choquetupa, ambos actualmente prófugos de la justicia. Se presume que, tras abandonar sus respectivos núcleos familiares, se han refugiado en el Trópico de Cochabamba, donde, según los indicios, continúan recibiendo amparo.

En el marco de esta operación, el 1 de julio se llevaron a cabo diez allanamientos simultáneos, coordinados con el Ministerio Público. Uno de estos operativos resultó en la aprehensión de Galo Jorge Chiri, identificado como el francotirador implicado en los sucesos de Llallagua. En su poder se incautaron proyectiles, un uniforme de tipo militar, dispositivos móviles y material explosivo. Este individuo ha sido enviado con detención preventiva por un periodo de seis meses al penal de San Pedro en Oruro. Adicionalmente, fueron arrestados Samuel Jorge Chiri, hermano de Galo, por almacenamiento peligroso conforme a la Ley 400; Germán Zúñiga Ventura, vinculado familiarmente a otro implicado evadido; y Guillermina Canaviri, cónyuge de Chiri, bajo cargos de obstrucción a la justicia. La audiencia de medidas cautelares para estos tres últimos ha sido reprogramada.

Los esfuerzos operativos no solo culminaron en arrestos, sino también en el aseguramiento de un significativo volumen de evidencia material. Entre los elementos incautados se contabilizan 73 proyectiles de diversos calibres (7.62, 5.56 y 9 mm), 20 kilogramos de anfo, 80 unidades de dinamita junto con sus mechas lentas, 20 teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, un vehículo, sumas de dinero en distintas divisas que ascienden a 137.573 bolivianos, 1.900 dólares estadounidenses y 10.000 pesos chilenos. Asimismo, se confiscaron documentos relacionados con convocatorias, cuadernos que contenían listas de pagos y varios pasaportes.

La trama de implicados se extiende a figuras como Julián Ticona, identificado como el presunto financiador de la operación, y Ever Mamani Caricari, quien habría fungido como proveedor de armamento y explosivos. Un detalle relevante de la investigación es el rastreo de tarjetas telefónicas de bajo valor (10 bolivianos), cuya activación se correlaciona con las ubicaciones donde se habrían apostado los francotiradores.

Las autoridades han reafirmado el compromiso del Estado con la búsqueda de justicia para las familias de los efectivos policiales fallecidos, asegurando que los esfuerzos no cesarán hasta que todos los responsables de este crimen sean llevados ante la ley