La proximidad de las elecciones generales, fijadas para el próximo 17 de agosto, ha generado un llamado a la reflexión sobre la participación de funcionarios públicos en la contienda electoral. Un exlíder cívico de Potosí ha sugerido que aquellos que ocupan cargos de autoridad y aspiran a un nuevo mandato deberían considerar la dimisión de sus puestos actuales.
Según su perspectiva, la decisión de renunciar podría ser vista como un gesto de buena voluntad por parte de la ciudadanía, otorgando una ventaja adicional en el proceso electoral. La advertencia subraya que la falta de esta medida podría acarrear consecuencias políticas negativas. Estas declaraciones se han difundido a través de plataformas digitales, dado que el exlíder se encuentra privado de libertad desde la crisis de 2019.
Un reciente movimiento legal ha puesto en el centro del debate la situación de varios aspirantes presidenciales que actualmente ostentan cargos electos. Un grupo de abogados ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud formal para la inhabilitación de cinco figuras políticas destacadas. Entre los mencionados se encuentran el presidente del Senado, un senador de Comunidad Ciudadana, la alcaldesa de El Alto, el alcalde de Santa Cruz y el alcalde de Cochabamba.
La base de esta petición se encuentra en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado, el cual estipula la obligatoriedad de renunciar a cargos públicos al menos tres meses antes de la fecha electoral. Dado que la fecha de los comicios se acerca rápidamente, y el plazo establecido ya ha expirado, la solicitud busca aplicar esta normativa a los mencionados candidatos.
Por su parte, una autoridad del Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que las normativas vigentes no imponen una obligación de renuncia para los funcionarios públicos que se postulan. Ha señalado la existencia de un fallo constitucional que, según su interpretación, permitiría esta situación. No obstante, ha admitido que esta circunstancia podría generar cuestionamientos éticos y ser percibida como una práctica cuestionable por la opinión pública
