La administración de justicia en Bolivia atraviesa un momento de intensa controversia. Recientemente, la difusión de un audio atribuido a un exministro de Justicia, relacionado con supuestas acciones constitucionales dirigidas a remover magistrados, ha puesto nuevamente el foco en el funcionamiento del sistema judicial.

Este escenario se presenta en un contexto nacional marcado por una crisis económica y la proximidad de elecciones generales, lo que impulsa el debate sobre la necesidad de transformaciones profundas en el país. Diversos análisis coinciden en que la estabilidad económica y la llegada de inversión extranjera dependen intrínsecamente de la existencia de seguridad jurídica, un pilar que actualmente se percibe debilitado debido a las deficiencias del sistema judicial.

La magnitud de la crisis judicial es tal que, según expertos, no admite soluciones graduales y podría requerir periodos gubernamentales completos para su resolución efectiva. Si bien la elección de magistrados es un aspecto central relacionado con la independencia judicial, se advierte que no es el único problema a abordar. Se critica que intentos anteriores de reforma, como el cambio en la modalidad de designación, no fueron acompañados de otras medidas necesarias dentro del órgano judicial. La discusión sobre la selección de altos funcionarios judiciales ha evolucionado desde la designación parlamentaria (‘cuoteo’), percibida como problemática, hacia la elección por voto popular, un mecanismo que, en la práctica boliviana, no ha logrado los resultados esperados. Se plantea la necesidad de encontrar un nuevo modelo que combine la participación de la sociedad civil con el rol del Estado en las fases de preselección y calificación, lo que implicaría modificar la Constitución Política del Estado. Asimismo, se ha expresado preocupación por el rol del Tribunal Constitucional, al que algunos analistas consideran un obstáculo para la renovación institucional, e incluso se ha sugerido su cierre para integrar sus funciones en salas constitucionales dentro del Tribunal de Justicia. Respecto a la estructura y financiamiento del sistema, se menciona la existencia de cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral) y se señala que, aunque el órgano judicial posee cierta autonomía financiera, la mayor parte de su presupuesto proviene del Tesoro General, con una porción significativa (se ha mencionado un 60%) financiada por recaudaciones específicas como Derechos Reales.

Ante este panorama, se han planteado diversas propuestas para reformar el sistema. Una crítica recurrente es la aparente falta de planes concretos por parte de los actores políticos, más allá de la retórica sobre la necesidad de cambio. Se argumenta que la independencia judicial no parece convenir al sistema político actual, lo que explicaría la ausencia de consensos para implementar reformas de fondo. Entre las ideas de transformación, destaca la propuesta de retirar la influencia política directa del órgano judicial, transfiriendo la responsabilidad de la preselección de candidatos a entidades departamentales como universidades, colegios de abogados, jueces y fiscales. Estas instituciones elegirían representantes que, a su vez, preseleccionarían a los postulantes, cuya elección final recaería en el Legislativo, requiriendo una mayoría calificada (dos tercios). Otra propuesta busca abordar el problema de la elección conjunta de todos los magistrados, sugiriendo un sistema de elección judicial gradual con periodos de mandato diferenciados (por ejemplo, 10, 6 y 4 años en una fase inicial de diez años), lo que permitiría una renovación continua y evitaría vacíos institucionales, basando la selección en acuerdos departamentales más que en pactos políticos nacionales. Se insiste en la necesidad de restablecer la meritocracia en la selección, incorporando exámenes presenciales, orales y escritos que podrían incluso ser televisados para garantizar transparencia. Finalmente, se ha señalado la digitalización de los procesos judiciales como una medida esencial para reducir el contacto físico entre abogados, jueces y fiscales, un factor identificado como fuente de corrupción